Poder Geopolítico
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Por primera vez en años, un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ha puesto en duda, en público y sin matices, las atribuciones del Presidente de la República en una investigación vinculada al crimen organizado.
El general Hugo Rodríguez, jefe de la Fuerza Aérea de Chile, declaró este martes en el Congreso que el Presidente “no tiene injerencia” para instruir a la FACH a entregar antecedentes al Ministerio Público sobre un caso de narcotráfico ocurrido en la Primera Brigada Aérea de Iquique. La frase no fue ambigua. No fue un matiz técnico. Fue una desautorización frontal al jefe supremo de las Fuerzas Armadas.
La polémica comenzó cuando el ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó que el presidente Gabriel Boric había instruido a la FACH, bajo el artículo 19 del Código Procesal Penal, a entregar los antecedentes requeridos por la fiscal regional de Tarapacá. Sin embargo, horas más tarde, el propio comandante en jefe de la institución lo desmintió en cámara.
“El Presidente en esto no tiene injerencia respecto de dar una indicación o no, porque esto tiene que ver con los tribunales de justicia”, dijo el general Rodríguez. “Claro, es mi superior jerárquico, pero yo como superior de la Fuerza Aérea tampoco tengo relación con la fiscalía de aviación, sino que es el Poder Judicial”.
La declaración es, en los hechos, una intervención institucional de altísimo calibre político: niega la capacidad del Presidente para dar instrucciones en una materia gravísima como lo es el narcotráfico dentro de una unidad militar. Niega, también, que el poder civil tenga superioridad operativa sobre la justicia militar. Niega, en última instancia, el principio republicano de subordinación militar al poder civil, al menos en este caso.
Narcotráfico dentro de la FACH
El caso que originó este conflicto no es menor: cinco cabos de la FACH fueron sorprendidos intentando trasladar, en un vuelo militar, una maleta con cuatro kilos de ketamina. La droga, utilizada para fabricar tusi, fue interceptada en la base aérea Los Cóndores, gracias a un procedimiento interno. Según la propia FACH, los funcionarios fueron dados de baja y hoy se encuentran privados de libertad.
Todo esto ocurre en Tarapacá, una región clave para el narcotráfico transfronterizo, donde opera el Tren de Aragua, y donde el Ejército también ha sido golpeado por otro escándalo: el tráfico de más de 160 kilos de cocaína, por el que ya hay siete suboficiales detenidos y formalizados.
Es decir, hay dos ramas de las Fuerzas Armadas implicadas en tramas orgánicas de narcotráfico. No son sospechas aisladas. Son hechos acreditados judicialmente. Y, a pesar de esto, las autoridades militares insisten en que la justicia militar debe retener la investigación.
¿Y el mando civil?
Más allá del caso de fondo, lo que estalló esta semana es un conflicto institucional sin precedentes recientes. Que un comandante en jefe cuestione las atribuciones del Presidente no es una diferencia jurídica. Es una crisis de autoridad.
El Presidente es, por Constitución, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. La subordinación es absoluta, incluso cuando el tema se relaciona con tribunales militares. Desconocer públicamente esa jerarquía es una señal inquietante de autonomía castrense. Una autonomía que se creía superada desde la transición democrática.
El ministro Cordero trató de bajar el tono, hablando de procedimientos legales y colaboración. Pero la señal ya fue enviada. El comandante en jefe de la FACH dejó claro que no aceptará instrucciones del Ejecutivo si considera que tocan áreas “judiciales” de la institución. Es decir, hay una zona de soberanía funcional que se considera fuera del alcance presidencial.
El riesgo de un Estado fragmentado
Mientras el crimen organizado avanza sobre el Estado, el aparato estatal se fragmenta. Fiscalía y justicia militar se disputan competencias. Las FF.AA. reclaman autonomía frente al poder civil. Y La Moneda, en vez de actuar con firmeza, opta por la vía administrativa y la coordinación técnica.
Pero este caso no es técnico. Es político. Es institucional. Y es una de esas líneas rojas de las que acostumbran hablar livianamente los medios y los políticos. Si las Fuerzas Armadas comienzan a autodefinir qué instrucciones del Presidente acatan y cuáles no, el Estado de Derecho queda en entredicho desde sus propias limitaciones.
No se trata sólo de droga en una maleta. Se trata de si el mando civil tiene o no control real sobre la Fuerza Aérea. Y después de esta semana, la respuesta ya no es tan clara.
Lo que se deprende de este round civil-militar, es que al parecer, mientras la Fach y el Presidente pelean…,los narcos campean.
Santiago de Chile, 8 de julio de 2025,
