Poder Geopolítico
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En un contexto de transformaciones geopolíticas aceleradas, demandas sociales crecientes y una región marcada por tensiones estratégicas, las Fuerzas Armadas de Chile enfrentan desafíos estructurales profundos que ya no pueden ser ignorados. Fin del financiamiento automático del cobre, envejecimiento de equipos, desajuste entre doctrina y presupuesto, nuevas misiones sin respaldo financiero, dependencia tecnológica y escándalos de corrupción: estos son solo algunos de los nudos críticos que abordaremos en esta nueva serie de artículos.
“Del cobre al Congreso»: la transición inconclusa del financiamiento militar
Durante más de sesenta años, el corazón financiero de las Fuerzas Armadas chilenas latió al ritmo del cobre. La Ley Reservada del Cobre (Ley N.º 13.196, de 1958) aseguraba un flujo automático de recursos: un 10% de las ventas brutas de CODELCO se transfería directamente al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Sin pasar por el Congreso, sin fiscalización de la Contraloría y con uso discrecional por parte de las ramas militares.
En promedio, esa fórmula entregó más de USD 1.000 millones anuales en la última década de vigencia, permitiendo adquisiciones relevantes —desde fragatas y submarinos hasta tanques y aviones de combate—, pero también fomentando una cultura de gasto opaca y poco sujeta a control civil.
Durante más de sesenta años, el corazón financiero de las Fuerzas Armadas chilenas latió al ritmo del cobre. La Ley Reservada del Cobre (Ley N.º 13.196, de 1958) aseguraba un flujo automático de recursos: un 10% de las ventas brutas de CODELCO se transfería directamente al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Sin pasar por el Congreso, sin fiscalización de la Contraloría y con uso discrecional por parte de las ramas militares.
En promedio, esa fórmula entregó más de USD 1.000 millones anuales en la última década de vigencia, permitiendo adquisiciones relevantes —desde fragatas y submarinos hasta tanques y aviones de combate—, pero también fomentando una cultura de gasto opaca y poco sujeta a control civil.
La derogación y el nuevo modelo
En agosto de 2019, con la Ley N.º 21.174, el Congreso derogó definitivamente la Ley Reservada y estableció un nuevo sistema de financiamiento plurianual. La reforma buscaba:
- Integrar el presupuesto de defensa al ciclo regular de la Ley de Presupuestos.
- Establecer planes estratégicos a 4 años para adquisiciones y modernización.
- Transparentar y someter el gasto a auditorías y control parlamentario.
En teoría, el cambio alineaba a Chile con estándares internacionales de control civil y previsión presupuestaria en defensa.
Una implementación trabada
A seis años de su aprobación, la plena ejecución del nuevo modelo sigue pendiente. Las razones son múltiples:
- Reglamentos incompletos: El Ministerio de Defensa no ha finalizado todos los mecanismos para priorizar y ejecutar proyectos de inversión.
- Resistencia institucional: Algunas ramas militares perciben pérdida de autonomía y demoras para financiar proyectos críticos.
- Falta de fondos iniciales: El sistema se implementó en un contexto de ajuste fiscal y crisis económica (pandemia, inflación), lo que redujo las expectativas de recursos frescos.
- Ausencia de un Libro Blanco actualizado: Sin una hoja de ruta clara de capacidades, es difícil ordenar las prioridades de gasto.
El presente: ni automático, ni estable
Hoy, el financiamiento militar chileno vive en una zona gris:
- Ya no recibe el flujo automático del cobre.
- No cuenta aún con un sistema plurianual sólido y predecible.
- Las adquisiciones siguen dependiendo, en gran medida, de reasignaciones o fondos especiales.
Esto ha generado proyectos postergados —como la renovación de aviones F-5 o la reposición de vehículos blindados— y un desgaste progresivo del material existente.
Mientras tanto Argentina, Bolivia y Perú han iniciado sendos y dinámicos procesos de rearme, cada cual de acuerdo a sus características tecnológicas y presupuestarias y sus circunstancias geopolíticas.
Todo lo anterior en un contexto de incomprensión por parte de la clase política y de incomunicación por parte de los estamentos militares.
SANTIAGO DE CHILE, AGOSTO 2025
